Ciento veinte años. Y sesenta de ausencia.

La Constitución de San Cristóbal, proclamada el 6 de noviembre de 1844, fundó el Estado dominicano. Entre sus primeras carteras figuró la de Justicia, inicialmente unida a la Instrucción Pública: una combinación habitual en el constitucionalismo hispanoamericano del siglo XIX, cuando la formación del jurista y la del maestro se concebían como una misma obra de civilidad.

Ese despacho cambió de nombre varias veces, y cada cambio acompañó una redistribución de competencias. Se llamó Secretaría de Estado de Justicia, Instrucción Pública y Bellas Artes. Más tarde, de Justicia y Trabajo. A partir de los primeros años de la década de 1960 deja de aparecer como tal en la estructura del Estado.

El 10 de noviembre de 1964, la Ley núm. 485 suprimió la Secretaría de Estado de Justicia y transfirió sus atribuciones a la Procuraduría General de la República. Esa decisión fijó durante seis décadas un rasgo singular de nuestro diseño institucional: un mismo órgano acumuló la persecución penal y la administración de servicios de justicia. Dos funciones de naturaleza distinta —una de parte en el proceso, otra de prestación de servicios— bajo una sola autoridad.

La reforma constitucional de 2024 delimitó el mandato del Ministerio Público. Según la parte capital del artículo 169, es el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

El matiz es decisivo. Al acotar ese mandato a la persecución penal, la Constitución dejó espacio para que las funciones meramente funcionales y administrativas —la gestión del sistema penitenciario, el registro y la certificación de documentos, los servicios a la ciudadanía y a las asociaciones sin fines de lucro— se alojaran en un órgano creado para ello dentro de la Administración Pública Central. Así lo razona el considerando sexto de la propia Ley núm. 80-25.

La misma reforma creó la figura del Abogado General de la Administración Pública, representante permanente de la Administración ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículo 166), cuya Oficina es una dependencia del Poder Ejecutivo (artículo 167).

El artículo 6 crea el Ministerio de Justicia como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones que la Constitución y las leyes delegan al Poder Ejecutivo en seis materias: la política del Estado contra la criminalidad, la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado, los asuntos registrales de su competencia, el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario y Correccional.

El párrafo de ese mismo artículo fija el límite: el Ministerio cumple esas funciones sin interferir en la independencia de los demás órganos y entes que integran el Sistema de Justicia. El artículo 5 enumera quiénes lo integran —entre ellos el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Oficina Nacional de Defensa Pública—, y el artículo 3 eleva la separación de poderes a principio rector de interpretación de toda la ley.

Conviene no confundir cuatro momentos que la prensa suele presentar como uno solo:

La Secretaría de Justicia de Fuerza del Pueblo es un órgano político-técnico del partido. No ejerce función pública, no dicta actos administrativos y no forma parte del Sistema de Justicia que enumera el artículo 5 de la Ley núm. 80-25. Su homonimia con la antigua Secretaría de Estado de Justicia es de nombre, no de naturaleza.

En mayo de 2026 se hizo pública la designación del abogado Hotoniel Bonilla García como titular de la Secretaría, aprobada por la Dirección Central del partido mediante documento firmado por su secretario general. El 5 de agosto de 2026 tuvo lugar el acto de presentación oficial de la Secretaría, en el que se presentó también el informe preliminar «Estado de Derecho, Sistema de Justicia y Dignidad Humana en la República Dominicana».

El país vuelve a tener un Ministerio de Justicia después de sesenta años, y ese ministerio se encuentra en proceso de organización, con un plazo legal que vence en enero de 2027. La materia sobre la que trabaja esta Secretaría —política criminal, sistema penitenciario, acceso a la justicia, integridad pública— está siendo redistribuida entre órganos del Estado en este momento.

La Secretaría canaliza la relación del partido con el sector justicia y la elaboración de sus propuestas de reforma, conforme a la Línea Organizativa. Gobernar se prepara: una fuerza política que aspira a conducir estas materias debe estudiarlas antes de administrarlas.

La Secretaría está dirigida por Hotoniel Bonilla García, abogado. Abogado con maestría en Derecho Penal. Fue procurador general adjunto y ejerce la profesión en RM Abogados Consultores. Dirige la Secretaría de Justicia de Fuerza del Pueblo, para la que presentó la Guía del Plan de Trabajo 2026, y conduce la relación del partido con el sector justicia y la elaboración de sus propuestas de reforma.

El organigrama completo —subsecretarías, coordinaciones y comisiones especializadas— se publica en la sección de organización, donde los cargos aún por designar figuran como tales en lugar de atribuirse a nadie.